Sanciones OFAC a Arabia Saudita

Nuestro despacho cuenta con una amplia experiencia en derecho de sanciones y presta una gama completa de servicios a las empresas que afrontan estas complejidades.

Los abogados de licencias de la OFAC le ayudan a distinguir entre el comercio general y las operaciones prohibidas con personas designadas. Creamos sistemas eficaces de control interno para reducir al mínimo el riesgo de incumplir los requisitos de Global Magnitsky o la normativa de control de exportaciones. Desde consultas y programas de cumplimiento hasta solicitudes de desbloqueo y análisis de operaciones, ofrecemos una protección integral para su negocio.

La principal base jurídica de las designaciones de sanciones modernas relacionadas con Arabia Saudita guarda relación con la rendición de cuentas en materia de derechos humanos y con preocupaciones sobre la estabilidad regional. Un catalizador significativo fue el asesinato en 2018 del periodista Jamal Khashoggi, que llevó al Departamento de Estado de EE. UU. a establecer la «Prohibición Khashoggi» («Khashoggi Ban»), una política de restricción de visados conforme a la Sección 7031(c) de la Ley de Autoridades del Departamento de Estado (Department of State Authorities Act).

Aunque Arabia Saudita sigue siendo un socio estratégico de Estados Unidos, estos hechos desencadenaron un escrutinio más estricto en virtud de la Ley Global Magnitsky de Rendición de Cuentas en materia de Derechos Humanos (E.O. 13818). Además, las preocupaciones sobre la conducta militar en Yemen dieron lugar anteriormente a restricciones específicas sobre la venta de ciertas categorías de armas ofensivas. Para las empresas en 2026, el principal riesgo no es una prohibición a escala nacional, sino realizar operaciones, sin advertirlo, con entidades o personas concretas designadas.

A medida que Arabia Saudita acelera sus iniciativas de la Visión 2030, entre ellas NEOM, el Proyecto del Mar Rojo (The Red Sea Project) y las inversiones respaldadas por el PIF, los inversores internacionales afrontan nuevos retos de cumplimiento.

Aunque el Reino está abierto a los negocios, las empresas extranjeras deben realizar una diligencia debida rigurosa para asegurarse de que los socios de empresas conjuntas, los contratistas locales o los beneficiarios finales no figuren en la Lista SDN de la OFAC (Nacionales Especialmente Designados). Los riesgos de sanciones suelen esconderse en estructuras de titularidad complejas en las que una persona designada puede tener una participación oculta. Le ayudamos con:

Estados Unidos aplica medidas restrictivas selectivas en lugar de un bloqueo generalizado. El principal mecanismo jurídico es la Orden Ejecutiva 13818 (Global Magnitsky), firmada en diciembre de 2017. Permite a las autoridades de EE. UU. congelar activos e imponer restricciones de visado a las personas implicadas en graves violaciones de derechos humanos o en corrupción.

Estas son las principales categorías de riesgos:

Es el tipo de sanciones más habitual que diversos países aplican a Arabia Saudita y a Oriente Medio. Tienen por objeto restringir o prohibir el comercio, las inversiones y cualquier otra operación financiera con el país. El objetivo principal de estas sanciones es ejercer presión sobre la economía del Estado limitando su acceso a los bienes, servicios y tecnologías necesarios.

Conforme a la sección 1(a)(i-iii) de la E.O. 13818, todos los activos y derechos sobre bienes de las personas físicas y jurídicas implicadas en violaciones de derechos humanos o en corrupción están sujetos a congelación. Esto incluye no solo la participación directa en tales actos, sino también el apoyo material, el suministro de bienes o servicios o cualquier otra asistencia que facilite actividades ilícitas.

Las sanciones económicas se aplican a quienes asisten, patrocinan y apoyan a personas implicadas en violaciones de derechos humanos, terrorismo o corrupción. Tales medidas tienen alcance global. Son aplicables a cualquier persona física o jurídica sujeta a la jurisdicción de EE. UU. Las empresas y las personas físicas que desarrollan actividades comerciales internacionales deben vigilar de cerca a sus contrapartes y socios comerciales para evitar convertirse en objeto de sanciones secundarias.

Estas medidas reducen el atractivo para la inversión, complican las operaciones financieras y generan riesgos reputacionales para las empresas y personas implicadas.

El embargo de armas es otro elemento fundamental del régimen de sanciones, destacado por la administración del presidente Biden para limitar la venta de armas a Arabia Saudita. El embargo se aplica a las ventas de armas clasificadas en la Categoría III: municiones/equipo (22 CFR § 121.1); Categoría IV: vehículos de lanzamiento, misiles guiados, misiles balísticos, cohetes, torpedos, bombas y minas (22 CFR § 121.1); Categoría VII: tanques y vehículos militares (22 CFR § 121.1); Categoría VIII: aeronaves y equipo conexo (22 CFR § 121.1).

Además, la restricción también se aplica a los servicios de defensa: formación, apoyo técnico, modernización y transferencia de tecnologías relacionadas con estas categorías de armamento (22 CFR § 120.9).

Se impone un embargo para restringir la exportación de armas, equipo militar y tecnologías de doble uso a Arabia Saudita debido a la participación del país en guerras. Estas restricciones están relacionadas con la preocupación por el uso de armas contra civiles sauditas o en conflictos que causan crisis humanitarias.

Resultado: una menor capacidad para adquirir nuevo equipo militar y armas, complicaciones en la modernización del potencial militar del país y una mayor dependencia de los socios.

La prohibición de viajar a Estados Unidos se aplica a las personas implicadas en graves violaciones de derechos humanos. Conforme a la Sección 2 de la E.O. 13818, se suspende la entrada en EE. UU. de dichas personas (incluidos inmigrantes y no inmigrantes). Estas medidas pretenden promover la seguridad nacional e impedir que quienes violan los derechos humanos busquen refugio en EE. UU. o utilicen recursos estadounidenses para sus fines (E.O. 13818, 20 de diciembre de 2017, Sec. 2).

Además, la prohibición de entrada a Estados Unidos puede ampliarse si se sospecha que una persona participa en corrupción u otras actividades ilícitas. Esta prohibición incluye la denegación de entrada y la cancelación de visados emitidos previamente, lo que la convierte en una herramienta poderosa para ejercer presión sobre los funcionarios saudíes que infringen las normas internacionales.

Las restricciones de visado y las prohibiciones de entrada a Estados Unidos se imponen a los saudíes que, a juicio de las autoridades estadounidenses, están implicados en graves violaciones de derechos humanos o en corrupción. La Orden Ejecutiva 13818 otorga a los organismos del gobierno de EE. UU. la facultad de denegar visados y el acceso al territorio del país a dichas personas.

Como consecuencia, aislamiento a escala internacional. A las personas de Oriente Medio sujetas a sanciones les resulta difícil hacer negocios, participar en eventos internacionales o utilizar la infraestructura financiera de Estados Unidos.

La congelación de activos es una herramienta poderosa para ejercer presión sobre las personas físicas y jurídicas asociadas a infracciones. El propósito de este tipo de sanción es bloquear el acceso a activos que podrían utilizarse para financiar actividades consideradas inaceptables por la comunidad internacional.

Conforme al apartado 1(a) de la Orden Ejecutiva n.º 13818, todos los activos de las personas físicas y jurídicas sujetas a sanciones, incluidas las cuentas bancarias, los bienes inmuebles y otros derechos de propiedad, están sujetos a congelación. Estos activos se bloquean en el territorio de Estados Unidos y en las instituciones financieras estadounidenses, lo que impide su uso o transferencia (E.O. 13818, Sección 1(a)(ii)(A-D)).

Este mecanismo complica las operaciones comerciales de las personas y organizaciones sancionadas y dificulta su acceso a los mercados financieros mundiales, ya que muchas operaciones internacionales pasan por bancos estadounidenses.

El resultado es la imposibilidad de realizar una actividad financiera normal. Los fondos bloqueados no pueden utilizarse para inversiones, operaciones ni pago de servicios. También cabe destacar la pérdida de confianza de los socios. Una empresa con activos congelados resulta menos atractiva para los inversores y las contrapartes.

El régimen de sanciones establecido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros plantea dudas e inquietudes entre las empresas y personas que hacen negocios o planean cooperar con este país. A pesar de las estrictas restricciones, la OFAC ofrece la posibilidad de obtener una licencia general o, si es necesario, una licencia específica para ciertos tipos de actividades.

La licencia general de la OFAC es una especie de «permiso» que permite realizar determinadas acciones en el marco de las medidas restrictivas sin necesidad de obtener una aprobación individual para cada operación. Suele abarcar los siguientes ámbitos:

En ocasiones, la actividad que planea realizar con Arabia Saudita no está comprendida en las licencias generales existentes. En tal caso, es necesario obtener una licencia específica. Para obtenerla, debe preparar un conjunto de los siguientes documentos:

En el sitio web de la OFAC (Departamento del Tesoro) suele estar disponible un formulario para presentar una licencia específica, o puede utilizar el portal electrónico. Facilite datos de contacto exactos y adjunte todos los documentos que confirmen la naturaleza y los fines de la actividad.

Su solicitud debe contener una redacción clara, evitando descripciones vagas y lagunas en el razonamiento. La concisión y la concreción aumentan las posibilidades de que su solicitud se examine sin requerimientos adicionales.

Si no está seguro de cómo cumplimentar correctamente el formulario o completar la documentación, póngase en contacto con abogados con experiencia en la OFAC. Los especialistas le ayudarán a evitar errores técnicos y jurídicos que podrían dar lugar a una denegación o a retrasos en la tramitación.

El plazo de tramitación de la solicitud depende de la complejidad del proyecto, de la carga de trabajo del departamento y de lo completa que sea la documentación presentada. En promedio, el procedimiento puede durar desde varias semanas hasta varios meses.

Nuestro equipo de abogados tiene una amplia experiencia de trabajo con la OFAC y puede simplificar y agilizar el proceso de licencia. Realizaremos una auditoría detallada de sus actividades, desarrollaremos una estrategia y prepararemos un conjunto de documentos conforme a todos los requisitos normativos, además de prestar apoyo de cumplimiento tras la obtención de la licencia. De este modo, ayudaremos a cumplir las condiciones de la OFAC y a reducir el riesgo de posibles sanciones.

El incumplimiento o la infracción del régimen de sanciones puede acarrear consecuencias graves tanto para las personas físicas como para las empresas.

Cuantiosas sanciones económicas. Los infractores pueden enfrentarse a multas que alcanzan cientos de miles o incluso millones de dólares. El importe depende de la gravedad y del carácter sistemático de las infracciones. Las empresas que infringen las sanciones están sujetas a multas aún mayores, que pueden alcanzar cientos de millones de dólares, especialmente cuando se trata de grandes corporaciones. Son posibles sanciones adicionales, como la prohibición de operar en EE. UU. o la inclusión en la «lista negra».

Bloqueo de activos. Estados Unidos impone sanciones a través de la OFAC para bloquear cuentas bancarias y otros activos asociados a personas u organizaciones que infringen las sanciones. Cualquier operación puede considerarse ilícita y ser detenida, con importantes pérdidas económicas.

Responsabilidad penal. En casos especialmente graves puede dar lugar a procesamiento penal y a penas de prisión. La infracción del régimen de sanciones puede afectar negativamente a la reputación de las empresas y personas y dificultar la obtención de licencias, contratos e inversiones.

Las empresas internacionales y las instituciones financieras procuran evitar los riesgos de cooperar con quienes infringen las sanciones, para no quedar bajo escrutinio ni dañar su reputación. Los bancos y otras organizaciones financieras pueden negarse a conceder préstamos, seguros y otros servicios a quienes infringen el régimen de sanciones. Las organizaciones que han sido sorprendidas eludiendo las sanciones pueden quedar bajo estrecha vigilancia de los organismos públicos y ser sometidas a auditorías periódicas.

Las sanciones impuestas contra Arabia Saudita pueden convertirse en un problema serio para las empresas y personas cuya actividad esté vinculada a este país. Si se enfrenta a la necesidad de obtener una licencia de la OFAC o encuentra dificultades con el régimen de sanciones, nuestros abogados con experiencia están listos para ayudarle.

Nuestros especialistas ofrecen a los clientes los siguientes servicios:

Nuestros abogados se especializan en derecho de sanciones y tienen amplia experiencia trabajando con la OFAC y otras autoridades reguladoras de EE. UU. Conocemos las particularidades de la interacción con las autoridades estadounidenses y ayudamos a los clientes a gestionar los trámites ante las autoridades.

Acompañamos a los clientes en todas las etapas, desde la consulta inicial y el análisis de la operación hasta la obtención de una licencia de la OFAC y la resolución de posibles disputas. Además de Arabia Saudita, prestamos servicios en cuestiones de sanciones en Irán, Cuba, Rusia, Ucrania y otros países.

El cumplimiento de la legislación de sanciones es la clave de la estabilidad financiera y de la seguridad reputacional. Nuestros abogados ayudan a evitar cuantiosas multas, congelaciones de activos y responsabilidad penal asociadas a las infracciones del régimen de sanciones.

Si su empresa está vinculada a Arabia Saudita, desea obtener una licencia de la OFAC o comprender las posibles restricciones, estamos preparados para ofrecerle apoyo cualificado. Contáctenos ahora mismo para asegurarse de que su negocio cumple la legislación de sanciones y evitar los riesgos de pérdidas económicas o daño reputacional. Estamos preparados para ofrecer una solución integral y un apoyo jurídico de alto nivel profesional en todas las etapas de la interacción con la OFAC.